// Justicia y política  Los juicios por delitos de lesa humanidad a la luz de las declaraciones de Mauricio Macri y Sergio Massa sobre “el curro” de los derechos humanos o la necesidad de “cerrar” la etapa. La propuesta de dirigentes políticos de pagar la multa impuesta por el Consejo de la Magistratura al juez Claudio Bonadio.
NEOLIBERALISMO Y DERECHOS HUMANOS
Por Marcelo Duhalde *
La semana pasada tuve el honor de ser invitado a participar de la firma del convenio entre el gobierno de la provincia de Salta y el municipio de la ciudad de Salta que, por iniciativa del intendente Miguel Iza y su equipo de gestión, firmaron para la creación del Archivo Municipal de la Memoria de la ciudad capital.
Este profundo acto, que apunta a la reparación de la historia y a la construcción de la memoria colectiva, coincidió con declaraciones en un diario local del candidato a presidente del Frente Renovador, en las que afirmaba que había que terminar con la etapa de los derechos humanos. Dicho así, como con desprecio y anunciando lo que podría ser plan de gobierno. Esto no es nuevo en él. Como tampoco es nuevo en Mauricio Macri, y parece que compitieran a ver quién es más fiel para representar los intereses del neoliberalismo. En su inmensa ignorancia presuponen que los derechos humanos pueden cerrarse como si fueran un plan de asfalto de una ruta.
Es conocido que la defensa y respeto de los derechos humanos ponen en jaque los intereses que defienden dos candidatos del mismo proyecto de país. Esto es así porque no son sólo los derechos de las víctimas de la última dictadura cívico-militar de lo que se componen los derechos ciudadanos. Sería muy largo enumerar todos los derechos que se han incorporado a la sociedad desde 2003 al presente (vaya como ejemplo la Asignación Universal por Hijo, la creación de un sinnúmero de escuelas, las nueve universidades públicas, el aumento automático a los jubilados, las paritarias para definir los salarios, el matrimonio igualitario, y la ley que permita una información libre).
Para estos señores el salario digno, la vivienda digna no son derechos, son molestias que causan rebajas a sus beneficios económicos. Los discursos de Massa y Macri buscan el apoyo del peor sector de la sociedad, el que apoyó y se benefició con la dictadura genocida.
Qué podemos decir de quien cree que “los derechos humanos son un curro” y que desalojar a una familia con hijos con violencia y sin darle recursos está bien. Qué podemos esperar de quien ordena el desalojo de pabellones del hospital Borda, igualmente por la fuerza, y golpea hasta lastimar y herir a pacientes, médicos, enfermeros y periodistas.
Los treinta mil desaparecidos no fueron una casualidad ni un exceso, fueron consecuencia de la brutalidad criminal con la que estaban dispuestos a implementar un plan económico que beneficiara sólo a los que detentaban el poder.
Los métodos son otros, pero los fines son los mismos. Pregonan que hay que pagar a sus socios de los fondos buitre a costa de la dignidad y el bienestar de nuestro pueblo. No les interesa un sector importante de la sociedad ni los años que costó iniciar el camino de la reinserción de miles y miles de compatriotas que fueron expulsados del sistema neoliberal para acrecentar sus arcas. Son los mismos que hoy intentan recuperar sus privilegios, perdidos gracias a Néstor y Cristina, y lo hacen sin pudor ni vergüenza.
Es obvio que Massa se opone a transparentar el Poder Judicial, necesitan a muchos de ellos, cómplices, para frenar las causas por delitos de lesa humanidad con fines económicos. Recientemente, en una cena en Las Lomas de San Isidro, se comprometió con Carlos Pedro Blaquier en terminar con ese molesto juicio que lo muestra como socio activo de la dictadura y responsable de asesinatos y secuestros en el Ingenio Ledesma, no sólo en La Noche del Apagón.
Los derechos humanos no son patrimonio de un gobierno ni de un partido político, son patrimonio de todos los habitantes de nuestra tierra. Lo que hizo con éxito el gobierno kirchnerista es construir una cultura de los derechos humanos basada en la custodia y el respeto a su vigencia, sumando una considerable cantidad de nuevas situaciones para el bienestar de los ciudadanos.
Los intereses económicos del neoliberalismo y sus representantes electorales tendrán que enfrentarse a un pueblo que no está dispuesto a volver al pasado, y que lo va a demostrar en las urnas el próximo año cuando vuelva a confiar al candidato del Frente para la Victoria la presidencia de la Nación y a Cristina la conducción política del modelo nacional y popular para que continúe transformando el país como lo viene haciendo desde el 25 de mayo de 2003.
* Director de Prensa del Archivo Nacional de la Memoria.
COMPRA Y VENTA DE PENAS
Por Julio Maier *
¡Escalofriante! Las penas son susceptibles de ser compradas y vendidas: tienen precio, que cualquiera puede abonar por el autor condenado. Sería correcto, por ejemplo, que un papá pague las penas de su hijo, de modo que este último pueda transgredir a voluntad las reglas de conducta amenazadas con una pena, sin sufrir consecuencia alguna. Sería posible, entonces, que parte de la población o de los consumidores hiciéramos una “vaquita” para pagarle a Telecom la multa que le ha sido impuesta, según leí en los diarios, y así no deba molestarse, tan siquiera, en recurrir la decisión. Sería así posible que, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal me impuso como juez la máxima multa de ese entonces, según la Ley de Organización Judicial –que yo pagué al contado, sin recurrir–, por no seguir sus resoluciones (la rebeldía no fue sólo mía sino también de un insigne jurista, cuyo nombre me reservo, que recurrió y la decisión fue revocada. ¿Independencia judicial que le llaman?), yo hubiera organizado, con el concurso de los múltiples colegas, abogados y jueces que me visitaron para solidarizarse conmigo, una “vaquita” para no disminuir mi patrimonio. ¡Haberlo sabido oportunamente! Pero mejor no: me hubiera privado del placer de pagarles a los jueces que me juzgaron en efectivo y de cuerpo presente.
Extremando el argumento, sería posible que propusiera ir yo a prisión por un condenado a pena privativa de libertad, por precio por supuesto, y mejor aún que fuéramos varios, por cuotas de prisión, para no tornar tan pesada la representación. Ejemplo más extremo aún y académico: el del hermano que sufre una enfermedad mortal y que reemplaza al otro hermano condenado a muerte; ¿qué delito comete el verdugo que acepta o conoce el trato?
El señor Barrionuevo y algunos políticos que no recuerdo, en todo caso personas con alguna representación popular, han creído más que correcto, valiente y honorable, proponer una “vaquita” para completar el porcentaje de sueldo impuesto como castigo a un juez por el Consejo de la Magistratura nacional. No importa el nombre del juez, ni el hecho motivo del juzgamiento, ni la justicia/injusticia de la resolución; importa, sobre todo, el concepto de pena que ellos destiñen por completo y, más aún, el descrédito para una institución y procedimiento constitucional, por ende republicanos para nosotros. Importa, también, el acto de complicidad post factum que ello implica.
Todo me recuerda, sin detalles, a un litigio internacional: cuando Rusia quiso pagar las multas impuestas a sus pesqueros o naves en el Mar del Norte, compañías condenadas por infracción a reglas de polución ambiental y varios países occidentales se negaron a aceptar la “compra” o “subrogación” del pago de la pena pecuniaria. Vaya dicho también para despedirme: al no poderse evitar en extremo el pago o resarcimiento por otro de la multa –derecho de propiedad individual de por medio–, ¿será la pena pecuniaria una pena justa?
* Profesor titular consulto UBA.
Martes, 23 de diciembre de 2014
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