LOS SWISSLEAKS SALPICAN LA CAMPAñA DEL PARTIDO BRITANICO DE CAMERON Conservadores y evasores  Las donaciones al Partido Conservador de titulares de las cuentas del HSBC en Suiza suman unos 5 millones de libras (8 millones de dólares). Acusan a Cameron de ser un “premier sospechoso”.
Las cuentas del HSBC en Suiza salpicaron al Partido Conservador en medio de la campaña para los comicios del 7 de mayo. El líder de la oposición laborista Ed Miliband acusó en la Cámara de los Comunes a David Cameron de ser un “primer ministro sospechoso” que financia su campaña con donaciones de titulares de “dudosas” cuentas armadas para evadir impuestos.
Uno de esos donantes, el tesorero del Partido Conservador, Lord Stanley Fink, amenazó con demandar a Miliband si repetía la acusación fuera de la Cámara, donde pierde sus fueros parlamentarios. Miliband no dudó en hacerlo. “Este donante me retó a repetir esa alegación fuera de la Cámara de los Comunes. La reitero. Y créase o no, él mismo no tuvo empacho en reconocerlo en una entrevista hoy con el Evening Standard cuando dijo que todo el mundo practica la elusión impositiva”, indicó Miliband.
Las donaciones al Partido Conservador de titulares de las cuentas del HSBC en Suiza suman unos 5 millones de libras (8 millones de dólares). Con tres millones de libras, el ex financista de Fondos de Alto Riesgo Lord Fink es el máximo donante. En 2009 Cameron lo nombró tesorero del partido, un cargo clave para el financiamiento político. En 2011 lo postuló para el título nobiliario de Lord. Ese mismo año Cameron nombró como ministro de comercio a Sir Stephen Green, presidente del HSBC durante el período que cubre la actual denuncia: 2005 a 2007.
Un documento revelado por el matutino The Guardian muestra que el banco contactó durante este período a clientes para ofrecerles cuentas en Suiza a fin de no pagar impuestos en el Reino Unido. El formato de la oferta del HSBC comenzaba con una felicitación a la persona contactada por ser un “high net worth individual” y le decía que tenía dos opciones: “Compartir su riqueza con las autoridades impositivas o no hacerlo”. El HSBC le ofrecía esta segunda opción al potencial cliente por medio de una transferencia de su capital a una cuenta corporativa ficticia.
Esta información estaba en manos de las autoridades impositivas (HMRC) y del gobierno conservador desde 2010. En la Cámara de los Comunes, Cameron negó que se hubiera cometido algún delito. “Todos los titulares de estas cuentas pagan sus impuestos”, dijo en el Parlamento. Si a nivel técnico las cuentas podrían caer bajo la clasificación de “elisión impositiva” (aprovechamiento de hendijas legales para pagar menos impuestos), a nivel político es otro cantar.
El escándalo está afianzando la amplia percepción pública de que los conservadores son un grupo de privilegiados de la elitista educación privada británica que favorecen a sus amiguetes del mundo financiero y empresario. Uno de los más importantes contribuyentes del Partido Conservador es nada más y nada menos que el vicedirector del HSBC Sir Simon Robertson, quien realizó 24 donaciones en los últimos nueve años por un total de más de un millón de dólares.
El miércoles, la directora del HMRC, Lin Homer, tuvo que comparecer ante el comité de cuentas públicas del Parlamento para explicar la conducta seguida por las autoridades impositivas. Homer reconoció que 1100 clientes británicos del HSBC se habían beneficiado con un acuerdo que les permitía pagar solo un 10 por ciento de lo adeudado. El HMRC apenas llevó a la Justicia un caso de los seis mil que tienen cuentas en el HSBC suizo. “Lo importante era recuperar el dinero”, se justificó Homer.
En comparación con España y Francia, que recobraron 220 y 188 millones de libras de una lista de 3000 clientes por país, el Reino Unido recuperó solamente 135 millones con el doble de clientes. En el comité parlamentario hubo incredulidad al revelarse que David Hartnett, a cargo del HMRC cuando se supo de las cuentas en Suiza, había pasado a desempeñarse como asesor del HSBC poco después de su jubilación en 2012.
Hartnett fue contratado para asistir en la reforma interna del banco de su cuestionada práctica de antilavado de dinero. Ese mismo año el banco había sido multado por casi 2 mil millones de dólares por Estados Unidos por su “política laxa” en relación con el narcotráfico mexicano, eufemismo con el que se evitó llevar a nadie a juicio. La multa, nominalmente alta, constituye unas cinco semanas de ganancias del banco. La persona que llevó adelante la denuncia, el estadounidense Everett Stern, indicó a Página/12 que sigue bregando para que haya responsabilidad penal. “No es posible que se les cobre esa multa y nadie vaya a juicio. Es absurdo, un escándalo”, señaló.
A dos meses y medio de las elecciones generales, este tufillo a podredumbre tiene un doble impacto político. El programa de austeridad que llevó adelante la coalición liderada por los conservadores desde 2010 golpeó duramente los servicios públicos, el Estado benefactor y el empleo estatal. En septiembre del año pasado un informe de los sindicatos de la autoridad impositiva británica, el PCS, indicó que la brecha entre la recaudación real y la que se debería obtener si no mediaran la evasión y elisión impositivas superó los 100 mil millones de libras en 2013-2014, cifra igual a los recortes y aumentos impositivos del programa de austeridad conservador.
Las revelaciones ponen también bajo la lupa el financiamiento de los partidos en plena campaña. En 2011, luego de una serie de escándalos, una comisión publicó una lista de recomendaciones para limitar los fondos políticos a tres fuentes: una mínima cuota estatal, la contribución de los afiliados partidarios y un techo de 10 mil libras por persona para los donantes privados.
Los partidos no han implementado estas recomendaciones por un desacuerdo sobre las donaciones de los sindicatos a los laboristas y de las corporaciones a los conservadores. Según la Electoral Reform Society, un 65 por ciento de los votantes piensa que las donaciones compran favores del futuro gobierno, algo que profundiza el siempre latente escepticismo político británico. En su edición de ayer, la analista Polly Toynbee señaló en el The Guardian que la única salida era el financiamiento estatal. “Es hora de que todos estén en igualdad de condiciones. Quizá no sea popular pedir que la gente pague con impuestos a partidos políticos que detestan, pero es mucho mejor que aceptar el obsceno espectáculo de la compra de favores”, señaló Toynbee.
Viernes, 13 de febrero de 2015
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