EL PODEROSO LIDER EN DIPUTADOS RESPALDO A DILMA EN BRASIL Descartan el juicio político  Eduardo Cunha, del PMDB, dijo que no existen fundamentos jurídicos que avalen el impeachment contra Rousseff. Y el opositor PSDB acusó a la presidenta de “estafar” durante la campaña al no decir que implementaría un ajuste.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, descartó ayer que el Congreso vaya a iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. “Para formalizar algo tiene que haber fundamentos jurídicos. El impeachment no es un proceso político”, dijo Cunha, quien como presidente de la Cámara baja ocupa el tercer cargo más importante del país, detrás solamente de la presidenta y su vice, Michel Temer. Las declaraciones del líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –aliado del oficialista Partido de los Trabajadores– ocurren un día después de que el diputado socialdemócrata Bruno Araujo defendiera que su partido se embarque en la promoción del juicio político contra Rousseff.
“Llegamos al límite de una insatisfacción clara y significativa que debe ser construida de forma legítima y dentro de las reglas constitucionales en la forma de un pedido de destitución de la presidenta Dilma”, dijo Araujo, líder en la Cámara baja por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del gobierno. Araujo dijo que su bancada le transmitirá al presidente del PSDB, el senador Aécio Neves, que fue derrotado por Rousseff en la segunda vuelta electoral de octubre pasado, “que llegó el momento de que el partido avance para formalizar un pedido de destitución de la presidenta por todos los hechos que Brasil conoce”.
El legislador se refiere a los presuntos nexos de Rousseff con el millonario escándalo de desvíos de fondos en la petrolera estatal Petrobras, que se basan en la sospecha de que sus campañas electorales hayan recibido recursos desviados, y en el hecho de que la mandataria presidió el Consejo de Administración de la empresa durante un período que coincide, en parte, con los años en que operó la red ilegal, entre 2004 y 2010. Pese a esas sospechas, la mandataria no fue incluida en la lista de 36 políticos –en su mayoría oficialistas–, que son investigados por su presunta participación en los desmanes y tampoco hay por el momento indicios de que Dilma haya sido cómplice de alguna manera. Esas fueron, en parte, las razones por las que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, rechazara en dos oportunidades los pedidos de la oposición para que Rousseff fuera investigada.
No obstante, Araujo sostiene que desde el punto de vista político existen elementos que permiten iniciar un pedido de destitución. Entre otros, señala que Rousseff “estafó” durante la campaña electoral al no decir que implementaría el ajuste fiscal que de hecho está llevando adelante su equipo económico. “Desde el punto de vista subjetivo y moral, mostrar que la presidenta decía durante la campaña una cosa y hoy hace otra, aunque por sí solo no sea suficiente para la destitución, sí lo es el conjunto de su obra. No tengo dudas de que, desde el punto de vista político, puede ser discutido en el Congreso Nacional el juicio político”, dijo el dirigente opositor.
Miércoles, 15 de abril de 2015
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