Por Marcos Taire La construcción de un enemigo extranjerizante y criminal  Arriba.Aniquilamiento. El decreto presidencial de febrero de 1975 “legalizó” la acción represiva de las FFAA en Tucumán.//Medio.Coincidencia. El poder político apoyó en forma entusiasta el accionar del ejército.//Abajo. Visitas. El gobernador Juri junto a Ítalo Argentino Luder en un acto partidario.
El Operativo Independencia contó con el apoyo irrestricto de todo el arco político oficial de Tucumán, desde el Ejecutivo y los legisladores provinciales a las estructuras de la CGT Regional y la Juventud Sindical Peronista.
El discurso que permitió, favoreció y apoyó la criminalidad de la Operación Independencia no conoció límites. Funcionarios, legisladores, dirigentes sindicales y empresarios fueron elocuentes defensores de la acción represora de los generales Adel Vilas y Antonio Bussi y de las fuerzas que comandaron a partir de febrero de 1975 en Tucumán. Sus palabras y sus acciones fueron fundamentales para la construcción del enemigo: apuntaron siempre a señalar un sujeto inescrupuloso, extranjerizante y criminal, que buscaba destruir la nacionalidad y adueñarse del poder para implantar un régimen “extraño al ser nacional”. Pueril hasta el grotesco, ese discurso legalizó la matanza, la aplaudió y la alentó a lograr el objetivo de la aniquilación.
El anuncio del lanzamiento de la Operación tomó por sorpresa a funcionarios, legisladores y dirigentes tucumanos. Es que el gobierno nacional no hizo ninguna consulta ni lo informó previamente. Isabel Perón, su gabinete y los militares ignoraron al gobierno provincial de Amado Juri, a pesar de que le estaban enviando una intervención militar que iba a ocupar una gran parte del territorio provincial y que iba a militarizar a todo Tucumán.
Una vez superada la sorpresa y sin expresar queja alguna por el desaire, las dirigencias tucumanas se alinearon detrás de la decisión presidencial y adoptaron una actitud belicista muchas veces más agresiva que la de los propios militares. A ninguno se le ocurrió cuestionar la magnitud del despliegue militar ni la agresividad demostrada desde el primer día por los uniformados. No se alzó ninguna voz convocando a la concordia o la pacificación. Los políticos, sindicalistas, empresarios y sacerdotes se transformaron en halcones más agresivos que los protagonistas de la supuesta guerra contra la “subversión”.
Para el gobernador Juri, “la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión apátrida, que pretende arrastrar mediante la violencia y el crimen las instituciones de la República para sustituirlas por regímenes opresores dóciles a los imperialismos económicos e ideológicos, ha encontrado el apoyo y la solidaridad del pueblo y el gobierno”. Además, exhortó “al pueblo de la provincia a prestar su más decidido apoyo a las operaciones que se desarrollan al mando del general Vilas”.
La dirigencia sindical no tuvo dudas: la CGT Regional resolvió “adherirse fervientemente a la decisión de nuestra presidente de combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias. Sus colegas de las 62 Organizaciones Peronistas fueron más explícitos: “Sólo cuando eliminemos los focos disociantes de nuestra nacionalidad podremos trabajar en paz y armonía. Felicitamos a nuestro comandante, general Vilas, por la firmeza y decisión en los procedimientos”.Los muchachos de la Juventud Sindical Peronista fueron más duros que sus mayores: “Deben desaparecer del suelo patrio las minorías al servicio de la anarquía y las ideas extranjerizantes”.
Los legisladores no quisieron ser menos y el presidente del bloque de senadores provinciales peronistas, Ernesto Corbalán, dijo que “ningún argentino puede estar ausente en la defensa de las instituciones constantemente amenazadas por los elementos del caos y el crimen apátrida”. Su colega Juan José Pino, titular del bloque de diputados, manifestó su “total e incondicional apoyo a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en la lucha contra la subversión”. El diputado nacional Antonio Isaac Guerrero llamó a “extirpar este mal” (la subversión).
El interventor del Partido Justicialista, coronel Adolfo César Phillippeau, saludó la llegada a Tucumán del jefe del Ejército, Leandro Anaya, y expresó su “solidaridad con el glorioso Ejército Argentino en sus operaciones contra la antipatria”. A su vez, un hombre del riñón de la oligarquía tucumana, Eduardo Lalo Paz, integrante de la Comisión de Defensa del Senado de la Nación, dijo que “existe absoluta unidad en todos los sectores que componen el Estado en respaldar la acción del Ejército, quien se encuentra en operaciones de represión a fin de brindar seguridad a las poblaciones presionadas por la guerrilla rural”.
Apoyo y colaboración. A dos semanas de iniciada la Operación Independencia, Vilas se reunió con toda la dirigencia gremial en la Casa de Gobierno. Los sindicalistas le prometieron que no habría huelgas y le ofrecieron su colaboración, que consistió en la delación y entrega de militantes y en el aporte de matones para integrar los grupos de tareas que, encapuchados, todas las noches salían a secuestrar y matar gente.
Uno de los colaboradores que aportó el peronismo fue Ismael Haouache, integrante del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Universidad Nacional de Tucumán. Formó parte de las patotas secuestradoras y fue visto por prisioneros en los campos de concentración. Haouache dijo que “no ha de dudarse que nuestro Ejército sabrá ahogar en sangre la infame y absurda pretensión de este nuevo invasor y los traidores que lo sirven”. Phillippeau no se quedó atrás: “Nuestro glorioso Ejército, al ocupar el terreno que antes ocupaba la guerrilla, nos ha liberado de esa plaga: yo siempre la comparo con las abejas africanas, porque vienen de otros lugares, con ideas foráneas y con ideologías de otros países”.
La llamada “zona de operaciones”, en el suroeste tucumano, fue visitada por las máximas autoridades nacionales en los meses de marzo y abril de 1975. La presidente Isabel Perón, tras reunirse con Vilas en Famaillá, dijo a los periodistas: “Vengo a presentar mis respetos a quienes ofrendan sus vidas para la tranquilidad de los argentinos y a rendir mi tributo al Ejército Argentino”. En un improvisado discurso desde el balcón del Comando Táctico de Vilas y ante la población reunida en la plaza, sorprendida por una visita sin anuncio previo y sin la presencia de las autoridades provinciales, Isabel se enfervorizó y afirmó que “la antipatria quiere desconocer los verdaderos votos del pueblo” y “tenemos que ir paulatinamente llevando como podamos el país con paz y tranquilidad y no con fusiles, matando niños y destrozando familias”.
Desde el inicio de la Operación las visitas más frecuentes fueron las de funcionarios del Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega. Llegaban en grandes contingentes llevando la ayuda que, de acuerdo a las directivas del decreto secreto ordenando el comienzo de las acciones, debía aportar ese ministerio para “tareas de acción cívica”. También llegaron a Tucumán otros grupos que respondían al poderoso ministro, menos numerosos pero armados hasta los dientes, que se sumaron a la represión directa, desembozada y criminal. En su libro aún inédito, Vilas reconoció el enorme apoyo brindado por López Rega.
La celebración del 25 de Mayo fue el marco propicio para una escalada de declaraciones y pronunciamientos cada vez más violentos. El Partido Justicialista, en una solicitada, criticó a quienes calificó como “minúsculos grupos de extraviados” y rindió “homenaje y respaldo a la valiente campaña que cumplen el Ejército y fuerzas de seguridad para erradicar de nuestro suelo a los elementos apátrida que intentan cambiar la gloriosa y pura enseña celeste y blanca por un trapo cualquiera”. En el acto organizado por los militares, el coronel Luis Vera Robinson, afirmó la decisión de “erradicar para siempre las ideas extrañas al sentir nacional” que “pretenden cambiar nuestro sistema de vida democrático y cristiano”.
La celebración del Día del Ejército, el 29 de mayo, fue otro momento propicio para que funcionarios, legisladores y dirigentes hicieran profesión de fe belicista. El gobernador Juri emitió una declaración afirmando que “la acción del Ejército adquiere una relevancia digna de sus más nobles tradiciones, al enfrentar con patriótico valor a un enemigo cruel y solapado, garantizando así la libertad y seguridad de la población”. El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Posse Cuezzo, no se quedó atrás: “Saludamos a todos aquellos jefes y soldados que hoy son protagonistas de la lucha que todos los argentinos estamos librando contra los agentes de la subversión internacional”. Su colega Héctor Gofredo Cuozzo, titular del Senado, le gana en fervor: “Elevamos al altísimo la devota plegaria para que proteja y guíe a nuestro Ejército por la senda de la gloria, haciendo honor a su consigna y tradición de vencer o morir por la república, despejando de su cielo la borrasca de la antipatria que pretende perturbar el orden, la paz y la tranquilidad que reina en la familia argentina”.
El 20 de junio, en el Día de la Bandera, el teniente coronel Ricardo Flouret, jefe del Regimiento 19, dijo que “aquí está el Ejército Argentino, ante la artera amenaza que viene desde el exterior buscando la desintegración y el caos”. Curiosamente, este militar fue después reivindicado por el gobierno elegido en 1983, que lo designó para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia y también por algún periodista procesista devenido alfonsinista.
Al asumir como jefe de policía un militar, el 17 de julio, el gobernador exhibe la dureza que va creciendo día a día en la dirigencia política y sindical: “Comprometo todo el apoyo del gobierno para terminar con la antipatria, hombres sin sentimiento que pretenden cambiar nuestra gloriosa enseña azul y blanca por un sucio trapo rojo”. Unos días más tarde Juri expresó su “más enérgica repulsa por el tremendo desprecio que han demostrado hacia fundamentales derechos humanos aquellos que declaman y reclaman esa protección”.
A fines de 1975 Vilas es relevado de la comandancia de la Brigada y de la Operación Independencia y es despedido con todos los honores. El 20 de diciembre, la Legislatura en pleno le hace entrega de una medalla. Al día siguiente, Juri hace lo mismo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Vilas se va de Tucumán condecorado por los civiles que gobiernan la provincia.
Al asumir Bussi se produce una catarata de apoyos a la Operación Independencia y a su flamante jefe. El inefable Amado Juri sintetiza el pensamiento de la mayoría: “A ustedes, que están luchando contra la delincuencia subversiva, contra aquellos apátridas que pretenden sustituir nuestra bandera celeste y blanca (…) nunca lo conseguirán mientras existan pechos argentinos como los de ustedes, que sabrán defender nuestro pabellón con la propia vida, como lo hicieron nuestros antepasados (…) ustedes son dignos representantes del ejército sanmartiniano…”.
Legalidad proclamada y nunca respetada
Por Marcos Taire. Periodista
sociedad@miradasalsur.com
Quienes reivindican la Operación Independencia como una guerra y afirman que se hizo en cumplimiento de un decreto de un gobierno constitucional, lo que otorgaría legalidad a las acciones realizadas, ocultan sistemáticamente que hubo instrucciones para que los militares operaran dentro del marco jurídico vigente que no se respetaron en ningún momento.
El 28 de enero de 1975, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Jorge Rafael Videla, distribuyó, como anexo a la Directiva Nº 333 del Comandante General, las “Normas de procedimiento legal” a cumplirse durante la Operación.
El documento, secreto y recién divulgado en la década del ’80, establecía en su capítulo “Conceptos generales”, que “los comandantes de las fuerzas empeñadas en las operaciones podrán disponer todas las medidas que sean necesarias (…) sobre la base legal emergente de la orden impartida por el decreto secreto Nº 265 del PEN y el imperio del estado de sitio que ha suspendido la vigencia de las garantías constitucionales”. El primer punto de las instrucciones señala que “las actividades que desarrolla el personal militar durante las operaciones de referencia constituyen a los efectos del Código de Justicia Militar, actos del servicio militar, sometidos a la jurisdicción y competencia a los Tribunales Militares (CJM-Código de Justicia Militar, Art. 108, Inc. 2º)”.
Lo anterior podría llamar a engaño y ser usado como precedente para deslindar responsabilidades en cuanto al encuadramiento de los ilícitos cometidos en perjuicio de la población civil afectada por la Operación Independencia. Sin embargo, las precisiones contenidas en las “Normas Básicas de Procedimiento” enviadas por Videla a los responsables de la Operación no dejan lugar a dudas con respecto a las normas a seguir para efectuar detenciones de personas y allanamientos de propiedades. Al respecto, recuerda que “durante el desarrollo de las operaciones militares los elementos sospechosos o incursos en hechos subversivos conexos serán detenidos y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” (…) y que “en el transcurso de las acciones ofensivas (patrullaje ofensivo y selectivo, incursiones sistemáticas y ataque), las detenciones podrán ser practicadas por personal militar”. También deja claramente establecido que “en otras operaciones (ocupación de puntos críticos, control de población) las detenciones deberán practicarse preferentemente por personal policial”.
Las instrucciones precisan los pasos a seguir: “Los detenidos serán remitidos a la autoridad policial o provincial o federal que actúe bajo el control operacional del Ejército para su identificación, alojamiento y suministro de información”. También puntualizan que “dentro del plazo más breve posible, que no deberá exceder las 48 horas, el comandante de la Quinta Brigada solicitará al Comando General (EMGE-Jefatura III-Operaciones) la detención a disposición del PEN de las personas cuyos antecedentes sumariales recogidos y evaluados así lo justifiquen”.
Producidas las detenciones y puestas esas personas a disposición del PEN, el Comando de la Brigada debía, “en un plazo no mayor de 30 días” elevar los casos a la Justicia Federal para su “procesamiento”, tomando “los recaudos que establece el Código de Procedimiento Penal Federal”. En lo referido a los allanamientos, las instrucciones establecían que “podrán practicarse en la medida en que las necesidades lo exijan”, acotando que “por imperio del estado de sitio, su ejecución no requiere de manera indispensable la previa autorización judicial” (…) pero que “en cada caso que así se proceda deberá levantarse un acta que puntualice sucintamente los motivos por los que el allanamiento fuera practicado sin orden judicial…”. Sin embargo, también se recomienda que “para la generalidad de los casos (…) deberán adoptarse las medidas necesarias a fin de que las fuerzas policiales puestas bajo control operacional del Ejército dispongan con suficiente antelación de las correspondientes órdenes de allanamientos”.
Previendo posibles anomalías, el documento recomienda que “todo requerimiento proveniente de magistrados judiciales que se formule a autoridades militares con respecto a personas detenidas, procedimientos efectuados y/o cualquiera otra contingencia vinculada con las operaciones militares, será elevado directamente al Comando General del Ejército”.
Ninguna de estas instrucciones se cumplió. Se violaron todas y cada una de las normas legales establecidas en los códigos de procedimientos. Los jefes militares y policiales se burlaron de la legalidad desde antes de comenzar la Operación Independencia. Sus acciones ilegales y terroristas, iniciadas en 1974, se incrementaron con la militarización de la provincia hasta llegar a situaciones de horror incomparables en la historia argentina.
El jefe de la Operación, Adel Vilas, dijo años más tarde, sin pena ni remordimientos, por el contrario, vanagloriándose por los delitos cometidos: “Decidí prescindir de la Justicia, no sin antes declarar una guerra a muerte a abogados y jueces complacientes o cómplice de la subversión”. Y precisó: “No tenía sentido combatir la subversión con un código de procedimientos en lo criminal (…) y tampoco tenía sentido la aplicación de una ley penal que se rigiese por los cánones del derecho penal occidental…”. Fanático, enceguecido por el odio, fundamentalista de una milicia que creía estar combatiendo en la primera línea de una supuesta tercera guerra mundial, afirmó: “Yo no tenía por qué apegarme al dictamen de unos cuantos togados, siendo que el principio natural de la conservación me imponía inexcusables obligaciones para con mi patria”. La confesión criminal de Vilas está sintetizada en un párrafo: “Di expresas órdenes de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos…”.
Al comenzar la Operación Independencia se desempeñó al frente de la delegación Tucumán de la Policía Federal el comisario Alberto Fischietti. Fue uno de los responsables de un grupo terrorista que sembró la muerte y la destrucción en la provincia a través de atentados explosivos y asesinatos. Un día se presentó en la sede del Juzgado Federal. Su titular, el doctor Jesús Santos, lo recibió de inmediato. Apenas ingresó al despacho, le preguntó al magistrado si quería conocer su opinión sobre la Justicia. Santos, atónito, sin poder articular palabra, vio cómo Fischietti se desabrochaba la bragueta del pantalón y meaba sobre su escritorio. Al terminar, giró sobre sus talones y se fue, no sin antes decir “ésa es mi opinión de la Justicia”.
Martes, 1 de octubre de 2013
|
