A DOS AÑOS DE UNA ARBITRARIA DETENCIÓN La situación judicial de Tato Romero Feris podría acarrear una sanción para la Argentina  ¿Quién me devuelve los años que me quitaron?, se quejó en su última salida radial el líder del Partido Nuevo. Hace dos años sufre una arbitraria detención.
Por muy exagerado que parezca, el Estado Nacional argentino corre el riesgo de recibir una condena internacional, en materia de la aplicación del Derecho y puntualmente de los Derechos Humanos, como consecuencia de la nefasta actuación del Poder Judicial de Corrientes en las causas que afectan al ex gobernador de la provincia y dos veces intendente de la Capital, Raúl Rolando “Tato” Romero Feris. La sanción podría tener un impacto mayúsculo si no llegaran a corregirse a tiempo las arbitrariedades a las que está siendo sometido el ex mandatario, y si, además, no se repara el daño causado en estos 18 años de vidrioso proceso judicial.
Estas condiciones son las que muy posiblemente defina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que declaró admisible la presentación de Romero Feris, es decir le atribuyó verosimilitud a su denuncia por denegación de justicia y persecución sistemática con fines políticos.
Si la resolución de la Comisión Interamericana se sustancia en el sentido que ha avanzado hasta el presente, será el Estado argentino el que tendrá que lidiar con la sanción internacional. Esa penalización no estará dirigida a la provincia de Corrientes en particular sino al país y será justamente gracias a los jueces de Corrientes. Así las cosas, el significativo esfuerzo que viene haciendo el gobierno de Mauricio Macri por insertar a la Argentina en el mundo y recuperar la confianza de organismos, mercados y actores internacionales tropezaría con una piedra del Taragüí. No es un logro para sentirse orgullo.
Ese obstáculo en el camino no es precisamente Tato Romero Feris sino un tal Guillermo Horacio Semhan, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, compueblano del ex gobernador Horacio Ricardo Colombi (UCR), y brazo ejecutor de una batería de bochornosas medidas judiciales (en contra de TRF) que han merecido el reproche incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No conforme con esto, el jefe de los “Superiores” provinciales ha llevado el estropicio a un nivel más alto, tanto que se advierte desde el exterior. Evidentemente la cancha le queda chica al mercedeño Semhan y está a punto de meter a la Argentina en la lista de los estados señalados (y sancionados) por falta de Justicia. Esa calificación podría tener consecuencias impredecibles.
Más temprano que tarde, Macri seguramente preguntará por el tal Semhan, si es que ya no le pasaron el dato. El ministro de Justicia, Germán Garavano ha estado ocupándose del caso Romero Feris a propósito de la admisión que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es toda una señal, quizás en un corto plazo alumbren novedades.
¿Y por qué le toca al Poder Ejecutivo (Macri, Garavano) resolver esta cuestión y no a la Corte Suprema? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado Nacional que corrija los desaguisados y garantice una administración de Justicia ajustada a derecho, por eso será el Gobierno el encargado de intervenir y de allí los movimientos preliminares que -dicen- estaría realizando el ministro Garavano.
Sin embargo, mientras tanto se sigue consumando un perjuicio que resultará irreparable, porque el ex gobernador Raúl Romero Feris -la víctima en este proceso- continúa privado de su libertad. Ayer se cumplieron dos años de su detención, tan arbitraria como lesiva de derechos elementales.
Este nuevo proceso, que degrada la imagen de la Justicia provincial, comenzó el 9 de mayo de 2016 cuando la juez de Ejecución de Condena, María Teresa Zacarías, recibió del Tribunal Oral Penal Nº 2 la resolución de unificación de las condenas impuestas a Romero Feris en distintos juicios. Según el cómputo efectuado por el TOP Nº 2 le restan por cumplir 7 años, 9 meses y 2 de prisión para completar una pena que recibió en una causa por presunto peculado con sentencia dictada en el año 2012.
En el Tribunal Nº 2 encontró cobijo Juan José Cochia el magistrado que le tendió un paraguas protector al entonces gobernador Ricardo Colombi durante los apuros que pasó en la Justicia Federal en una causa por enriquecimiento (ver aparte).
Lo concreto es que para la fecha en que se produjo la unificación, todas las condenas contra Romero Feris estaban cuestionadas para revisión y además el planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estaba en curso, con guiño favorable; en paralelo había un par de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los magistrados correntinos decidieron avanzar sin reparar en esas advertencias.
En agosto de 2017, los abogados Ramón Leguizamón y José María Arrieta hicieron una presentación a la jueza María Teresa Zacarías solicitando “la suspensión de la ejecución de pena por concesión de remedio federal e instancia internacional admisible”. Traducido: los defensores de Tato le indicaban a la magistrada que el Superior Tribunal de Justicia les concedió el recurso extraordinario para llevar el caso (la unificación) a la Corte Suprema y al mismo tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había admitido la denuncia de Romero Feris.
Habiendo dos instancias de revisión (una de ellas con perspectivas muy favorables) la jueza de Ejecución de Condena siguió adelante. De hecho ni siquiera respondió el pedido.
En octubre de 2017, la fiscal del juzgado de Ejecución de Condena, Patricia Mariela Armendía, firmó un dictamen a favor de la petición de la defensa de Romero Feris, para que sea dejado en libertad inmediatamente mientras se sustancia el fondo de la causa, en la Corte y fundamentalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así lo estipula la jurisprudencia, que también fue pasada por alto.
En noviembre los abogados efectuaron un urgimiento para que la doctora Zacarías resuelva, no tuvieron éxito. Más cerca en el tiempo hicieron un nuevo intento, también resultó infructuoso. En medio de este capítulo se conoció una resolución de la Corte Suprema de Justicia que falló a favor de Romero Feris y ordenó dictar nueva sentencia en instancia de casación. Un mazazo para Semhan (ver aparte).
Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿Cuál es la razón que impide a la jueza contestar las presentaciones formales que hacen los abogados de Tato? Acaso el motivo de tan prolongada dilación es que no tiene otra alternativa que disponer la libertad inmediata de Romero Feris, y por eso se refugia en una descomedida indiferencia. Sucede que actuando conforme a lo que establece el Derecho, la jueza Zacarías debió haber levantado la detención hace por lo menos un año, sin embargo la doctora eligió seguir el camino de sus “superiores” empantanando un proceso judicial que estuvo amañado, desde sus inicios, a los intereses políticos.
¿La jueza de Ejecución de Condena incurre en negación de justicia? En tal caso su conducta se corresponde con la de otros magistrados que han abonado, en estas casi dos décadas, la sistematización del atropello antijurídico, que es justamente motivo de preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No es sólo lo que hicieron sino lo que aún continúan haciendo los jueces correntinos. Y la obstinación supone un riesgo cada vez más serio. El Estado argentino podría ser conminado a una reparación material e inmaterial del daño que se la ha causado a Tato Romero Feris.
La Corte ya opinó
“¿Quién me devuelve lo que me quitaron?”, se preguntó con desazón Raúl Tato Romero Feris en su última aparición mediática. Se refería a los años que pasó privado de la libertad, pero además del obligado alejamiento de su familia, de la pérdida del patrimonio y el menoscabo de su honor. También fue marginado de la política y por lo tanto conculcado sus derechos civiles, sin embargo no pudieron alejarlo de la gente que igual lo sigue buscando y manifestando cariño.
“Esto fue político, una persecución que tuvo a la Justicia como brazo ejecutor”, resume y argumenta “causas armadas, con jueces especiales”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió esa sospecha y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón en un fallo de febrero pasado en el que resaltó que “hubo menoscabo del Derecho” en la causa Tato.
Camarista
El 5 de mayo de 2016 el Tribunal Oral Penal Nº 2 de esta ciudad dictó la resolución unificando las condenas que recibió Tato Romero Feris en distintos juicios y lo giró al Juzgado de Ejecución de Condena para que la haga efectiva, desde el 9 de mayo el ex gobernador permanece detenido en su domicilio por cuestiones de salud. En el TOP Nº 2 se desempeña Juan José Cochia, quien tiene en su legajo de servicios una invaluable tarea para el entonces gobernador Horacio Ricardo Colombi: le dictó un hábeas corpus cuando era requerido por la Justicia Federal en la causa por enriquecimiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), declaró admisible la presentación de Romero Feris, es decir le atribuyó verosimilitud a su denuncia por denegación de justicia y persecución sistemática con fines políticos.
¿Cuál es la razón que impide a la jueza de Ejecución de Condena contestar las presentaciones? Acaso el motivo es que no tiene otra alternativa que disponer la libertad inmediata de Romero Feris.
Viernes, 11 de mayo de 2018
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