PROVINCIALES Esperan que se destrabe la crisis institucional en Mercedes  Desde el oficialismo municipal, siempre se dijo que entre los concejales opositores había dos de los cuales el «Tape» Caram tenía la llave. La resolución del Superior Tribunal de Justicia tardará y no será favorable.
Al cierre de la edición, se hallaban reunidos cinco de los seis concejales, avanzando el Presidente del Concejo Deliberante en el cumplimiento de las decisiones adoptadas tendientes a denunciar penalmente ante la Fiscalía los hechos que se consideran violatorios de la Ley Penal.
En tanto, en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia se tramita una presentación del Jefe comunal suspendido, por la que intenta que la Corte provincial impida al Concejo avanzar en la sustitución.
Con todo, la cuestión ha pasado a ser política ante la evidencia de que al momento de tener que tomar juramento al subrogante legal, se reedite el caso Bruzzo, que 31 años atrás impidiera en la Legislatura la consagración de Noel Breard.
El alto costo político que comienza a pagarse por la indefinición de la crisis abierta y la mácula que quedaría por sobre las espaldas de un eventual ausente, parece demasiado fuerte para lo que es una comunidad pequeña donde todos se conocen. Hoy quizás comience a disiparse el escenario confuso que se vivió ayer. EL LIBERTADOR confirmó que el Presidente del Superior no está dispuesto a habilitar la feria y menos a dar curso, con su sola firma, a la cautelar presentada por el oficialismo municipal.
A esta altura, el propio Gobierno de la Provincia comienza a ser alcanzado por la profundización de la crisis mercedeña, mostrando falta de operatividad para destrabar el mecanismo de sustitución instituido para estos casos. Una nueva muestra que a esta gestión le falta un ministro político, como que dentro del organigrama no existe el Ministerio de Gobierno que es el llamado a servir de fusible para preservar al propio Gobernador, que sigue desde Bariloche la sucesión de contradicciones que se plantean en la tierra del presidente de la UCR provincial.
CAUTELAR
En tanto, el abogado de Diego Caram detalló ayer cómo sigue la situación judicial del Intendente.
El doctor Marcos Harispe indicó que se presentó una medida cautelar al Superior Tribunal de Justicia, solicitando que garantice que el Intendente mercedeño pueda cumplir las funciones en su cargo en tanto se resuelva su situación judicial.
Al hablar sobre la situación del Jefe comunal mercedeño, el doctor Harispe dijo que «el Concejo Deliberante no puede ponerse obligaciones que tiene el Poder Judicial. Es una medida apurada y desprolija; deben juntarse como manda la ley y votar», apuntó el abogado del Intendente mercedeño.
Considera que «no existen fundamentos para dejar de cumplir su rol y que si la intención es suspenderlo o destituirlo, que lo hagan a través de un proceso específico en el Concejo», dijo.
Caram se mantiene en el ejercicio del cargo porque rechazó la resolución que aprobó el Concejo en la que conmina al Jefe comunal acatar lo dispuesto por el artículo 224 de la Constitución provincial en el que se dispone: «En los casos de procesos penales que involucren a los funcionarios comprendidos en el presente artículo, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo».
OTRA OPINIÓN
Por su parte, el senador Noel Breard, al ser consultada su opinión sobre este caso por el canal de TV Ñande Cable de Bella Vista, expresó que «desde el punto de vista jurídico me parece que es claro. Por eso Caram cuestiona a la Justicia. Normalmente la política, cuando le es adverso un fallo, empieza a cuestionar la legitimidad de los jueces. Y los manda a buscar urnas. Pero las urnas no son para eso».
«Los jueces -agregó- tienen una naturaleza jurídica diferente al político. El político debe ser votado para poder tener legitimidad de origen. Los jueces no. Esto está discutido sobradamente».
Eso es así, explicó, «porque la naturaleza jurídica de la Justicia es representar el derecho de las minorías. Entonces es contradictorio: si tienen que garantizar los derechos de las minorías, los derechos fundamentales, los derechos humanos, garantizar el cumplimiento de todo el mundo, poner una urna, es salir a buscar mayorías».
Dijo que el Intendente «plantea una defensa política; es una estrategia de la defensa. Pero trato que la gente entienda que hay una denuncia penal, no del radicalismo, sino que la hizo (Víctor) Cemborain, que fue socio de él, que después se pelearon».
«Por esa denuncia Caram fue procesado y eso fue confirmado en Cámara. Y el artículo 224 no tiene nada que ver con los concejales. Los concejales tienen derecho a destitución si tienen los dos tercios; tienen derecho a dar una opinión si tienen mayoría. No hace falta la intervención de los concejales, porque el 224 actúa de pleno derecho», señaló el legislador radical.
«Por eso el Superior Tribunal le va a pedir que cumpla, porque de lo contrario estaría cayendo en una desobediencia», aseguró.
Para Ricardo, «es un problema entre ex socios»
Durante una entrevista radial con el periodista Alejandro Meda, el líder del radicalismo provincial y mercedeño, Ricardo Colombi se explayó sobre la situación que vive Mercedes.
Al respecto, dijo:
«Yo creo que hay que hacer un poco de historia, de todo lo que estamos viviendo. En ese sentido creo que aquí lo que está aconteciendo últimamente es un problema que surgió entre los ex socios. Porque acá lo que tiene que entender la población es que el autor de la denuncia que hoy la Justicia dictó un fallo determinado contra el Intendente actual, la hizo el anterior jefe de él, (Víctor) Cemborain».
Recordó que «este es un procedimiento que viene desde hace mucho tiempo, del año 2014 en adelante. La Justicia investigó y tomó las medidas; pero el origen de todo esto es una denuncia que le hizo el ex intendente al actual intendente. Ahí está el meollo de la cuestión. Y, por supuesto, después echan la culpa a otros, nos echan la culpa a nosotros como partido, nos echan la culpa a nosotros como concejales, tratan de escudarse en su propia negligencia porque ellos fueron cómplices».
Consideró que «hay una complicidad que indudablemente yo creo que tiene que investigarse un poco más e ir un poco más a la cuestión de fondo, porque no es que seguramente con Caram, tiene que ir un poco más atrás porque el sistema, el origen, la cuestión viene hace ya de ocho años. Hay documentaciones, hay movimientos que están probados en la Justicia y lo que dice la Constitución provincial en el artículo 224 es muy claro en el régimen municipal».
Aclaró que «tiene un régimen muy agravado para los intendentes y concejales, al decir que cuando en segunda instancia queda firme el auto de procesamiento, el funcionario municipal que puede ser cualquiera, intendente, vice o concejales, queda automáticamente suspendido en su cargo hasta que se resuelva la cuestión y eso es lo que determinó la Cámara y hay que dar lugar al cumplimiento de esa disposición que está en la Constitución provincial».
Aclaró que «no es una destitución, es una suspensión temporaria hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que puede durar dos meses, cuatro meses; pero la cuestión de fondo es otra cosa. Es una suspensión temporaria, no es destitución. Acá se trató de engañar a la población haciendo movilizaciones, injurias, agravios, como siempre están acostumbrados a hacerlo. No es una destitución, es una suspensión automática de acuerdo a lo que dice el artículo 224 de la Constitución provincial».
«Dicho sea de paso -agregó-, ese artículo como tantos otros, todo lo que es la política del régimen municipal que tiene cosas positivas y cosas negativas, la reforma del año 2007 la llevó adelante el justicialismo. Es decir que ellos, que se escudan en el justicialismo, que le echen la culpa en última instancia a los constituyentes justicialistas que impusieron esta cláusula en la Constitución provincial».
Insistió en que «se tiene que dar cumplimiento a la resolución judicial de la Cámara, porque lo único que hace la Cámara es confirmar el auto de procesamiento. Al confirmar el auto de procesamiento en primera instancia queda firme y hay que ir a aplicar el artículo 224, que dice lo que comentaba recién. En caso de que quede firme en segunda instancia el auto de procesamiento, el funcionario municipal, intendente, vice y concejales quedan automáticamente suspendidos de su cargo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y a eso es a lo que no hay que darle más vuelta».
«¿Cuál es el procedimiento -se preguntó-. Puede haber diversos caminos, pero tengo entendido que el Concejo tomó parte del asunto porque es parte, tiene que comunicar, tiene que receptar esa información de la Cámara o la jueza del fiscal y después hacerle saber al señor Intendente que está suspendido y que como tal debe asumir la viceintendenta».
«¿Por qué debe hacer el Concejo eso? Porque si no, también los concejales van a estar violando los deberes de funcionario público; porque a ellos también les puede caber el día de mañana una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público en cumplimiento de las medidas judiciales que se tomen. Por eso el Concejo debe avanzar en notificar al Intendente, que ya lo hizo, y hacer asumir a la Viceintendente. Y si no asume la Viceintendente, asumirá el Presidente del Concejo temporariamente hasta que se resuelva la cuestión de fondo», concluyó.
UN FANTASMA RECORRE MERCEDES. Se comenta la posibilidad de que se reedite el caso Bruzzo. El portal de noticias Corrientes hoy titula que una concejal de la oposición podría dar la nota de color. Agregaba ayer que, a minutos de iniciarse la sesión prevista, podría circular «la Banelco» para enrarecer aún más el clima político. Quien por radio habló ayer y refiriéndose al rol opositor fue Ricardo Colombi, dejando en evidencia que «a ellos (los concejales) también les puede caber una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público», poniendo más pimienta a un plato que no todos estarían dispuesto a probar.
El Deliberante de Mercedes continuará lo iniciado la semana
anterior, en la que se aprobó la resolución mediante la cual se conmina a «Tape» Caram a dejar el cargo provisoriamente conforme se vayan cumpliendo los pasos procesales de la causa que lo tiene involucrado sobre malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario. Al Concejo sólo le queda, como deber institucional, tomar juramento a la viceintendenta Juana Gauto.
Martes, 19 de julio de 2022
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