Política Libreña Por Juan Sebastian Fiori  La hipocresía de la política, y un Pueblo que no despierta(Fotos en el interior de la nota).
Lo mismo desde hace 6 años, perdón 4(2019) antes no tenían ni una bicicleta, porque ante tanto despilfarro, supongo que se enriquecieron con la función pública, ya que sus vidas y las de sus familias cambiaron por completo. No resisten a un archivo histórico, mucho menos a declaraciones juradas.
Es entendible la postura del Ciudadano Libreño, de no involucrarse o comprometerse, de no querer conocer la realidad que nos rebela y perturba, hasta inclusive votarlos si considera cada 2 años. Son decisiones individuales, y quedan en la cognición interna de cada uno. Hasta inclusive, no tiene por qué haberlos conocido antes, como vivían, ni entender semejante contraste que en el presente poseen.
Hoy, como hace semanas, nuestros vecinos Libreños padecen del escarmiento histórico de la inundación, castigando a los bordes más humildes y sencillos de la población. Como es de costumbre el único solidario y comprometido es el propio vecino, el desinteresado, el ser humano compasivo que verdaderamente siente el dolor ajeno, porque los cumpitas representantes brillan por su ausencia, no sólo en las costas Libreñas, sino en la Ciudad.
La última semana ni siquiera aparecieron a sacarse fotos y a prometer parches transitorios, como es común estos ultimos años de gestión Tinchista.
Por ejemplo, los primeros días de Noviembre, hasta hoy 4 inclusive están desaparecidos, evaporados, ausentes de la obligación que le asigno el pueblo. ¿No será que andan de viaje por Río de Janeiro con la plata de ese gran pueblo que todavía es paciente? ¿O es una mera intuición de conocimiento?.
Acá no se tratan cuestiones personales, internas partidarias, desvelos o locuras, sino de realidades que afectan a toda una sociedad que es rehén de un par de estirpes y linajes orientadas al nepotismo que, siendo funcionarios públicos, se burlan de propios y ajenos sin tener límites, mucho menos vergüenza.
Estos protagonistas nefastos de nuestra decadente historia política son amorales, siniestros y perversos que someten a un Pueblo necesitado, con miles de problemas cotidianos, al desamparo y la desolación.
4 de Noviembre. Estadio Maracaná. Río de Janeiro
Les propongo a aquellos distraídos y solazados, que no se involucran, que hacen caso omiso a estas cuestiones, que deberían tratar de observar determinadas actitudes y señales de nuestros representantes, exigirles transparencia en sus funciones, en sus declaraciones juradas, ellos tienen la obligación de ser interpelados por la sociedad, son empleados del vecino, no patrones de la Estancia Libreña.
El funcionario debería ser ante todo un servidor. Debe entender que no se encuentra haciendo una exitosa carrera empresarial ni destacándose en algún deporte o actividad artística. Ostentar un alto nivel de vida a costilla de su pueblo implica desconocer la naturaleza de la función que se ejerce. Supone, sobre todo, no comprender que ser un político rico en un país sumido en la pobreza no es ningún mérito; por el contrario, le debería dar mucho pudor y vergüenza….claro, si la tienen.
Acuérdese señor/a lector/a que el lunes 6 de Noviembre resurgen y reaparecen todos/as en los medios afines, dibujando mentiras y promesas incumplibles, eso sí, sin embarrarse, porque todavía siguen con mucha arena Carioca.
Les dejo un par de interrogantes:
-¿No le parece que este tipo de Político Libreño contrasta con los tiempos de hoy, donde se les pide responsabilidad y sobriedad para gobernar?
-¿No le parece que el representante debe ser empático con el dolor ajeno y el padecimiento de sus representados. O solamente se acerca para pedirle el voto cada 2 años?
Les recomiendo leer este artículo:
https://nuso.org/articulo/la-ambigua-relacion-de-los-politicos-con-el-dinero/
Consecuencias de los dineros políticamente contaminados
La utilización indebida de dineros públicos puede generar diferentes tipos delictuales.
En primer lugar, una mención especial merecen los abusos de privilegios por parte de políticos en el ejercicio de un cargo público, una cuestión más inmoral que ilegal. En este caso, lo que se cuestiona es la necesidad y oportunidad del gasto, el derroche y la ligereza con la que se hacen esas erogaciones. El margen de ilegalidad en algunos casos es muy estrecho porque para esos dispendios existen partidas presupuestarias que los respaldan. En este rubro se incluyen gastos gravosos como viajes innecesarios o excesivamente ostentosos, uso de autos oficiales, adquisición de artículos de lujo, servicios, fiestas, tarjetas de crédito, vacaciones en medio de viajes oficiales, pago de comitivas excesivas y un etcétera bastante largo. Una situación diferente se conforma con el uso de las partidas secretas para fines impropios o la adulteración de facturas para justificar un gasto o malversación. En esos casos, se trata de un hecho ilícito pleno. En cuanto a los delitos generados por el dinero políticamente contaminado, pueden mencionarse los siguientes: tráfico de influencias (uso de la influencia real o supuesta para obtener de una administración pública un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona, lo que se conoce en la legislación estadounidense como lobby); abuso de funciones públicas (obtención de un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad haciendo uso de las prerrogativas de la función pública); soborno (la promesa, ofrecimiento o entrega de algo a un funcionario público para que este actúe o deje de actuar y obtener a cambio un beneficio indebido de esa actuación); cohecho (lo inverso del soborno: el agente solicitante es el funcionario público); malversación (la utilización de fondos públicos para cualquier otro fin que no sea para el cual ha sido originalmente destinado por el órgano competente); enriquecimiento ilícito (el incremento significativo del patrimonio respecto de los ingresos legítimos que no puede ser razonablemente justificado); blanqueo del producto del delito (la conversión, ocultamiento o transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito); obstrucción de la justicia (uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos vinculados a la comisión de delitos); y uso de información privilegiada (utilización de información obtenida en el ejercicio de sus funciones para obtener beneficios ilegales para sí o para terceras personas).
Los impactos sobre la democracia son claros. No hay popularidad de líder alguno, por muy alta que sea, que resista la embestida de un gran escándalo originado en uno de los delitos arriba tipificados. Algunos casos incluso han desembocado en la salida de jefes de Estado, como sucedió con Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Fernando Collor de Mello en Brasil y Abdalá Bucaram en Ecuador. Pero lo grave de esas irregularidades es que la ciudadanía, por una especie de efecto de vasos comunicantes, proyecta en la democracia la pérdida de confianza que experimenta cuando algún escándalo de esta naturaleza estalla. Así, muchas veces la sociedad se siente tentada a explorar, aunque sea especulativamente, sistemas más rígidos que, como en el pasado, restrinjan libertades pero eviten tanta ilicitud: un puente directo que quizás pueda dar cuenta de las actuales desviaciones autoritarias presentes en la región.Pero el daño no queda aquí. La abundancia de dinero en la política convence a la ciudadanía de que no es ella quien decide, sino una minoría privilegiada. Esto potencia el desgano y desincentiva la participación, en particular en las elecciones, lo que disminuye los niveles de legitimidad de la democracia. Pero sin duda alguna, en estos casos la que se lleva la peor parte es la confianza del ciudadano en todo lo que tiene que ver con la política. Esa confianza es precisamente el eje articulador de la democracia y la razón por la que los gobernados aceptan someterse a los gobernantes y entregarles la administración de los bienes públicos: esto da una idea del impacto negativo que esta ilegalidad genera en el sistema en su conjunto.
Sábado, 4 de noviembre de 2023
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