POR ALEJANDRO GIRADO China y la geopolítica de la estandarización  «… Es necesario comprender el deseo de China de convertirse en una superpotencia tecnológica. Conseguir reducir aquella dependencia (NR: tecnológica) constituye el core del proyecto del Politburó, y la traducción del «Sueño Chino» que, como una suerte de réplica oriental del «Sueño Americano» -pero no individual, sino colectivo-, pretende construir una sociedad «modestamente acomodada» (mejorar el nivel de vida del pueblo chino) para el año 2021 (coincidente con los cien años de la fundación del PCCh) y «plenamente desarrollada» en el 2049 (en el centenario de la fundación de la República Popular China), alcanzando la que llaman ‘revitalización nacional’.»
Los reiterados intentos chinos de llevar a cabo procesos innovativos de cosecha propia («innovación indígena»), que no se basaran en transferencia de tecnología extranjera, habían sido limitados hasta comienzos del siglo XXI, y recibieron especial atención e impulso con el programa Antorcha de 1998, cuyo corazón consistió en crear la infraestructura y los ecosistemas necesarios para respaldar la innovación y las nuevas empresas, incluidas legiones de incubadoras de tecnología empresarial y espacios de creadores en masa (Ma, 2019). Comenzaban a diseñarse los caminos de la independencia tecnológica, que tuvo un punto de inflexión con el «Plan de Mediano y Largo Plazo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (2006-2020)», que terminaría visibilizando todo el diseño de la política que vuelca los recursos del Estado chino alrededor de cuatro palabras: «innovación indígena» y «desarrollo armónico».
Habiendo acordado al interior de los espacios de decisión política en China que aquella dependencia debía reducirse, se observó que los estándares pasaban a ser una herramienta importante para reducir la dependencia tecnológica, y desarrollar las capacidades de innovación indígena dentro de las industrias más desarrolladas hasta entonces. Estas no eran otras que las vinculadas con las exportaciones (modelo imperante en China desde la creación de las Zonas Económicas Exclusivas) y en menor medida las tecnológicas de industria nacional que exportaban. El ejército y el mismo Partido Comunista Chino (PCCh) fueron actores relevantes, y por esa coalición de intereses es que a continuación aparecen las políticas sobre el patentamiento de los estándares que se generasen dentro de China. Esto es así ya que había plena consciencia del alto precio que se pagaba por las patentes de origen extranjero utilizadas hasta entonces, tal como se incorpora inicialmente en el Proyecto de Reglas sobre Patentes Incluidas en los Estándares, emitido por la Administración de Normalización de China (SAC, de aquí en más) en 2009.
China había considerado las normas técnicas como un medio para facilitar el comercio mundial, pero resultó que la primera barrera que encontró cuando sus productos ingresaron al mercado internacional fueron las regulaciones técnicas y las normas. Trabajos consultados coinciden en que en el sistema de estándares de China todavía se apreciaba el legado de la economía planificada[1], pero desde que se inicia el proceso de apertura y reforma, se produjeron cambios sustanciales en la estrategia de estandarización y sus instituciones; en poco tiempo China mejoró su capacidad para desarrollar e implementar estándares, y comenzó a participar en las organizaciones internacionales que definen su desarrollo.
Desde que China se incorpora como miembro pleno de la OMC en diciembre de 2001, comienza un período de rápido crecimiento, para el cual fue muy efectiva la política de promoción de la innovación indígena a través del uso de estándares -todavía sólo de alcance nacional-. Hoy la situación es diferente. Según Ziegler (2010) «el sistema de estandarización de China ha madurado considerablemente, y hoy China tiene más estándares que Europa, cubriendo más aspectos de las operaciones económicas que cualquier país industrializado».
De allí que el crecimiento en China debía convertirse en desarrollo, a partir del uso de criterios independientes para impulsar por sí mismos un progreso técnico que estuviese engarzado en una política industrial y a su vez dentro de un programa de desarrollo económico. De aquellos estudios y de consultas realizadas entre especialistas, en Ernst (2011) se encuentra una suerte de prioridades a partir de ese intercambio, entre las que se destaca el hecho que el Estado seguirá desempeñando un papel importante como promotor y coordinador de una política integrada de estándares e innovación, y fundamentalmente el hecho de ver la estrategia de estandarización como una plataforma para la innovación indígena. En ese consenso sobresalen dos importantes vectores de trabajo que, en nuestra opinión, son definitorios en la política de «campeones nacionales»[2].
Un primer vector está justificado por los pagos que hacen las empresas chinas por las patentes y licencias extranjeras. Desarrollar las normas chinas debería ser la tarea prioritaria para reducir esos pagos, y para ello se establece un plan que consiste en solicitar a las empresas extranjeras que deseen participar en las organizaciones que van a desarrollar las normas chinas, que hagan una contribución a cambio de ello, como por ejemplo alguna de tipo técnico (con un criterio amplio, tal que incluya la divulgación de patentes esenciales -léase apertura del paquete de conocimiento-). El otro vector que destacamos se encuentra trabajado en Wang et al (2010), desde el cual se alienta a las empresas a convertirse en los «principales actores en la formulación de normas». En ese entonces, China no tenía experiencia en el entramado institucional dentro de los esquemas de estandarización, y en el debate se consensuó que China debía seguir una estrategia de doble vía que combinase la adopción de estándares internacionales con la inserción de innovaciones indígenas en estándares nacionales (en el marco de la institucionalidad recientemente creada) e internacionales (en la medida que China va ganando espacio dentro de los organismos internacionales de fijación de normas y patrones).
Los conductores de la política en China estaban convencidos que allí, en ausencia de conocimiento propio, se jugaba parte importante de la reforma de la economía del país, y por eso decidieron que fuera acompañada de un gran esfuerzo para elevar el nivel del aparato científico y tecnológico (Girado, 2017). El «Plan de Mediano y Largo Plazo 2006-2020» resulta la consecuencia de un cúmulo de acciones que, a lo largo de los años y desde el inicio del período de reformas, han configurado una política de crecimiento científico y tecnológico cuyos resultados impresionan. Ese Plan tuvo un efecto catalizador en la estrategia de estandarización de China, mientras que el 11º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Estandarización (de la SAC, en 2006) presenta detalladamente cómo las agencias deben implementar el proyecto de innovación indígena. Hasta allí, había un historial de innovación bastante pobre y no había un cauce institucional que la promoviese.
Pero no se trata de una sencilla y simple incorporación de tecnología para alcanzar el desarrollo económico, pues así planteado podría aumentar los grados de dependencia. Como sostiene Halty Carrere (1974), se trata de una política de desarrollo técnico que asegure el control del poder de decisión para el progreso técnico. Si no fuese así, se caería en el error señalado por Alejandro Nadal Egea[3], esto es de concebir la debilidad del sistema científico y tecnológico como un simple retraso coyuntural originado en que la economía en vías de desarrollo arrancó tardíamente su intento de independizarse. La utilización del concepto de «brecha» ha provocado que se descuide (por ponerlo de manera «políticamente correcta») la idea de la dependencia tecnológica como instrumento analítico de una situación estructural. Aquí habría seguramente autores que hablen de la dependencia mental («colonialismo cultural») que ayuda a estratificar la dependencia en otro orden. Esa ambición es central para el PCCh.
Esta mirada obliga a analizar la interacción entre el desarrollo y la demanda de tecnología, no sólo a los efectos de definir las necesidades de la tecnología de un sector -por caso, la industria- sino también para hacer que las demandas de ciertas técnicas tengan respuesta institucional para que se pueda sostener un proceso de desarrollo técnico, que reduzca aquella dependencia tecnológica. La política llevada a cabo por China para innovar, no le deja otro camino que competir en terrenos que no le resultaban conocidos, por no haber formado parte del grupo de economías que les dieron forma. Consolidar su desarrollo implica hacer un gran esfuerzo para elevar el nivel de vida promedio, lo que va de la mano de una fuerte mejora en la competitividad sistémica de la economía, si es que se pretende dejar de ser dependiente. Se puede aumentar la competitividad siendo más productivo, claro, y no necesariamente esa economía será autónoma para tomar decisiones sobre su futuro. Tendrá eventualmente éxito económico, pero no soberanía política para decidir sobre su futuro.
Como todos los planes que contemplan algún grado de desarrollo independiente, incluye características nacionalistas y de autosuficiencia, actitud que expresa el objetivo del Politburó de reducir la dependencia de China de la propiedad intelectual de los capitales transnacionales y, claro, de los altos precios que le imponen para usar las patentes que les resultan ajenas.
El Plan original pretendía que China debía haber reducido su dependencia de la tecnología de otros países al 30% o menos para este momento (2020/2021). Algunas partes del Plan son muy claras al expresar su temor y preocupación del hecho que depender de otros países (siempre la sombra toma la forma de Estados Unidos y Japón), podría ser una amenaza para la seguridad nacional y económica de China, de la misma forma que ese argumento hoy es enarbolado por EE.UU. para discutir con China en múltiples espacios en los cuales se siente amenazado. De allí que para limar asperezas potenciales, en su diseño contempla que el crecimiento económico requiere que haya un adecuado equilibrio entre la innovación nacional y el uso de tecnología importada[4].
Hasta hace poco la mirada de China hacia la innovación y la estandarización apenas si tenía un mínimo grado de entidad en la diplomacia económica internacional. Pero con su crecimiento, esa evaluación sobre las cuestiones normativas ha cambiado drásticamente. Hoy, la política de innovación china es percibida como una amenaza para la innovación y la competitividad de EE.UU. y hacen al core de lo más candente en sus relaciones bilaterales. Más aún, también acusa a China porque esta usa esa política como una estrategia que distorsiona («discriminatoria», en términos de la OMC) el comercio global para desafiar la supremacía estadounidense en la economía del conocimiento. Esa percepción, claro, no hace referencia exclusiva al eventual padecimiento de las corporaciones estadounidenses que se encuentran con que ahora hay competencia china que daña sus intereses, sino que incluye a las respuestas institucionales que expresan esos capitales. Como reseñara D. Ernst (2011) la Cámara de Comercio de los Estados Unidos argumentó que la política de innovación de China «… restringe la capacidad de las empresas estadounidenses para acceder al mercado y competir en China y en todo el mundo creando ventajas para las empresas estatales y los campeones influenciados por el estado de China … (y tiene) … el potencial de socavar significativamente la capacidad innovadora de la economía estadounidense en sectores clave y, en consecuencia, dañar la competitividad y el sustento de las empresas estadounidenses y los trabajadores que emplean»[5].
La entrada en el juego del establecimiento de los estándares globales por parte de China ha resultado muy impactante, más aún en relación con su política de innovación indígena. Eso pone al país como un novedoso contendiente de EE.UU., que reacciona frente a la erosión de su liderazgo. El papel de la estandarización y el de los derechos sobre la propiedad intelectual, aparecen en el centro de este conflicto. Más aún, tanto en las cadenas globales de valor (CGVs) como las redes de producción internacionales, los principales dispositivos normativos para garantizar la calidad y seguridad de un producto son sus estándares, que deben juntarse con los derechos de propiedad intelectual y las normas de origen. De ahí la continua presión de los actores e intereses favorables al comercio para la estandarización internacional, la armonización de las diferentes normas nacionales o al menos el reconocimiento mutuo de equivalencia (de allí, entonces, los acuerdos bilaterales, regionales o los mismos Tratados de Libre Comercio -TLC’s-); todas son respuestas normativas alternativas típicas a las demandas políticas y económicas de la globalización e integración económica, ya sea regional o internacional, que cada país o región debe equilibrar con sus propias prioridades e intereses nacionales.
Por eso es necesario comprender el deseo de China de convertirse en una superpotencia tecnológica. Conseguir reducir aquella dependencia constituye el core del proyecto del Politburó, y la traducción del «Sueño Chino» que, como una suerte de réplica oriental del «Sueño Americano» -pero no individual, sino colectivo-, pretende construir una sociedad «modestamente acomodada» (mejorar el nivel de vida del pueblo chino) para el año 2021 (coincidente con los cien años de la fundación del PCCh) y «plenamente desarrollada» en el 2049 (en el centenario de la fundación de la República Popular China), alcanzando la que llaman «revitalización nacional».
Lunes, 15 de marzo de 2021
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