CONSTANZA MOREIRA, PRECANDIDATA DEL FRENTE AMPLIO “Hay que impedir los medios oligopólicos”  La senadora y rival de Tabaré Vázquez en las primarias de 2014 dialogó sobre su agenda más de izquierda, la ley de medios uruguaya, la impunidad y el conflicto con Argentina por las papeleras.
La vida como política de Constanza Moreira comenzó en 2007, cuando José Mujica le propuso que fuera candidata a la presidencia del Frente Amplio (FA), la coalición de centroizquierda uruguaya fundada en 1971 y que hoy gobierna el país. Licenciada en Filosofía y doctora en Ciencia Política, Moreira es senadora desde 2009 por el Partido por la Victoria del Pueblo (dentro del FA) y se postula como precandidata a la presidencia para las primarias de junio de 2014. Antes se había desempeñado como profesora y analista en varios medios.
Moreira tendrá enfrente al ex mandatario socialista Tabaré Vázquez, quien alguna vez imaginó una guerra con Argentina, en diálogo con George W. Bush, y dejó el gobierno con alta popularidad. Eduardo Galeano y Daniel Viglietti apoyan la postulación de esta mujer que se crió en una familia de frenteamplistas y que sumó a su corriente a Macarena Gelman, nieta recuperada de los argentinos Berta Shuberoff y Juan Gelman.
Con sus 53 años, Moreira desea imprimirle su estilo al programa de gobierno que se aprobó ayer en el congreso partidario. Como señaló el semanario Brecha, “los lineamientos programáticos del FA no sufrirán grandes modificaciones” respecto del actual gobierno; sin embargo, para la precandidata la coalición debe renovar sus caras. Moreira estuvo recientemente en Buenos Aires para la presentación del libro Nuevos escenarios para la integración en América Latina (Clacso) y dialogó con Página12 sobre su agenda más de izquierda: la ley de medios versión uruguaya, la deuda con los derechos humanos y el conflicto con Argentina por las papeleras.
–¿Por qué lanzó su precandidatura habiendo enfrente un candidato cantado como Tabaré?
–En política no hay destino manifiesto, no hay candidatos naturales, todo se construye. Muchos de nosotros pensamos que en un tercer gobierno de izquierda el Frente Amplio está en condiciones de dar un salto hacia adelante desde el punto de vista del relevo generacional. Tenemos figuras fundacionales muy queridas, como Tabaré y Mujica, pero después de diez años de gobierno llegó el momento de que el Frente Amplio cambie, incorpore más mujeres y jóvenes y también despliegue otras candidaturas con un giro más hacia la izquierda.
–En concreto, ¿en qué aspectos se diferencia de la postura política del ex mandatario?
–Defendemos una política muy fuerte hacia América latina, de apuesta a la solidaridad para con todos los países, especialmente con aquellos con los que compartimos cierta continuidad ideológica, como Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los otros, como Chile, Perú y México, también se organizan en la Alianza del Pacífico. Esta idea de una alianza mirando a Estados Unidos contrasta con el proyecto de Mercosur ampliado, dentro del cual Uruguay debe tener una posición bien firme. En Uruguay la mitad está a favor y la otra mitad está en contra. Los blancos y los colorados (partidos de oposición) todos los días reclaman salirse del Mercosur. Es una guerra permanente que se traduce en que no podemos contar con sus votos y en el Parlamento sólo tenemos un legislador más en cada cámara. Cuando se hizo el acuerdo tributario con Argentina, cuando se votó el ingreso de Venezuela al bloque o se aprobó la sanción a Paraguay, siempre el FA tuvo que luchar contra la otra mitad.
–Tabaré Vázquez coqueteó con un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
–Tenemos diferencias de matices entre los que consideramos que reforzar la integración es prioritario y quienes no lo creen tanto. Hay que recordar que Uruguay en el período inmediatamente anterior heredó una crisis económica –por la devaluación del real y luego la crisis argentina–, siendo su manifestación más visible la crisis bancaria. Los Estados Unidos de Bush le permitieron a Uruguay levantar el corralito. Washington se había convertido en el principal socio comercial del país y (Jorge) Batlle decía: “Yo quisiera tener una carnicería en cada estado de EE.UU”. El primer gobierno de nuestra coalición heredó ese vínculo carnal. Ahora la situación es muy distinta, EE.UU. no es ni el sexto socio comercial –el primero es China–, aunque la potencia norteamericana todavía detente el poder financiero y comunicacional. Sin defender a Tabaré, creo que no fue sólo él, fue el gobierno uruguayo el que aceptó la venida de Bush. Las luces y sombras están colocadas en la agenda de la izquierda, porque los partidos Nacional (blanco) y Colorado prácticamente no tienen agenda propia. El FA es un partido tan grande para tener democratacristianos y trotskistas, entonces cuando hay que compaginar todo eso, siempre se va por la vía del medio.
–El Frente Amplio aprobó una ley que deja sin efecto la caducidad o amnistía, pero la Corte Suprema consideró que artículos clave son inconstitucionales. ¿Hay una discusión fuerte en el FA sobre los derechos humanos, o ciertas figuras prefieren no meterse con el pasado?
–Vamos avanzando en ganar conciencia. Estamos en la oscuridad respecto de la verdad y la justicia. La ley de impunidad estuvo vigente durante 20 años. El primer gobierno del FA estableció que se podía investigar el delito de desaparición forzada y se avanzó por allí, con jueces comprometidos con la causa de los derecho humanos y otros que no. El fallo del Supremo se juntó con el traslado de la jueza Mariana Mota, quien tenía la mayor cantidad de causas sobre delitos de lesa humanidad. Ahora estamos en un atolladero, donde hay una cantidad de casos en marcha y dependemos mucho del talante de los jueces de seguir avanzando con las causas. El traslado de la jueza Mota fue un revés para todos los que queremos que se haga justicia. Se ha producido un conflicto entre poderes, el Legislativo y Ejecutivo por un lado y la Suprema Corte por el otro. El Poder Judicial en Uruguay no experimentó cambios significativos de la dictadura a la democracia. De allí que impulsamos una serie de reformas para cambiar el Código Penal y el sistema de designación de jueces.
–¿Una reforma del Poder Judicial?
–Sí. Amerita una reforma estructural, que ya está entre los proyectos de ley en el Congreso. La Justicia será otra a partir del 2015.
–¿En qué situación se encuentra la ley de medios?
–El proyecto se está tratando en Diputados y la idea es tenerlo aprobado antes de que termine el año. Tomando en cuenta el antecedente argentino, el gobierno juntó a las organizaciones no gubernamentales, a las radios alternativas y a los canales de televisión y los puso a trabajar durante un año. El texto tiene un componente de regulación empresarial, de regulación de contenidos, y el marco general, que no hay ninguno ahora. El proyecto llegó a cierto consenso –entre comillas, porque los grandes medios afirman que les va a coartar la libertad–, cuenta con los votos del FA y va a salir. Además el gobierno abrió el espectro a nuevos canales de televisión privados, comunitarios y públicos. Para el Uruguay la oferta se agranda.
–¿Qué rol juegan los multimedios?
–Los tres grandes canales (12, 4 y 10) son a la vez conglomerados empresariales. Hay una gran concentración de los medios de comunicación. Se hizo un estudio sobre eso, y una de las partes del proyecto apunta a desconcentrar, a aplicar mecanismos anti-trust e impedir la oligopolización en un país tan chiquito, cuyo impacto es mucho mayor. La ley de medios o de Servicio de Comunicación Audiovisual es importante, pero más importante me parece que es abrir el espectro a otros canales.
–¿Cuál es su postura sobre las papeleras?
–Tuvimos un desarrollo de la industria forestal vía subsidio en los noventa, que llevó luego a la inevitabilidad de las plantas de celulosa. La forestación con las plantas de celulosa está inserta dentro del proyecto de la estrategia de diversificación productiva del Uruguay. El tema de la instalación de Botnia viene del gobierno de Jorge Batlle; creo que allí hubo problemas de negociación política, crisis de la izquierda uruguaya con los ambientalistas, y finalmente eso se encontró con un aparato de Estado muy debilitado para controlar el medio ambiente. La gran discusión en este momento, fuera del conflicto con Argentina, es la del control mediambiental de los megaemprendimientos (forestación, agrotóxicos y minería) y que las papeleras estén instaladas en zonas francas con escasa capacidad de recaudación para el gobierno. La discusión se centra en cómo vos insertás la forestación en una estrategia de desarrollo a largo plazo. Después, me parece que el conflicto con Argentina fue triste para el Uruguay, en sentido de que si Botnia genera 360 empleos directos, con el puente cortado perdés 300 empleos. El debilitamiento de las relaciones con Argentina tiene un impacto negativo directo. Sin embargo, creo que en este tiempo ha habido un paquete de negociaciones bilaterales que ha sido positivo. Hay que monitorear conjuntamente y que las iniciativas empresariales se sometan a la capacidad de regulación conjunta de ambos países.
–El gobierno de Uruguay autorizó a ampliar la producción de celulosa.
–El gobierno optó por la solución salomónica. UPM pidió un aumento de la producción de 1 a 1,3 millón de toneladas (anuales) y le aprobó que incrementara a 1,1 millón, pero eso no impidió la reacción argentina. Montes del Plata también está pidiendo aumentar la producción y creo que hay que poner las exigencias empresariales en un mapa en el que la relación con Argentina debe ser lo prioritario.
Fuente: Página12.
Lunes, 25 de noviembre de 2013
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